“¿Por qué el juez no imputa a la infanta?”


Son tantos los porqués que últimamente nos atenazan que nuestra curiosidad no da abasto. Por qué Rita Barberá comunica el cierre de la televisión municipal de Valencia ante los cámaras y redactores que van a ser despedidos.

Por qué The New York Times busca periodistas becarios sin remuneración. Por qué un supuesto pariente del Rey muere atropellado por un camión de la basura mientras hurgaba en ella. Por qué la producción industrial baja a niveles de 1993. Por qué una infanta invierte 1.500 euros y gana 571.000.

La noticia más leída hoy en el diario El País es: “¿Por qué el juez no imputa a la infanta?”.

La infanta Cristina, que era vocal del Instituto Nóos, no está imputada. La ley, que es igual para todos según dice el Rey y según dijo la Constitución, debe de estar muy bien aplicada, pero nuestras cortas entendederas no acaban de comprender los porqués de tan extraño fenómeno.

Cortitos que debemos de ser. Menos mal que están los jueces para juzgar, porque nosotros habríamos imputado hasta a los que intuyeron y callaron.

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Acerca de Tudi Martín

Siempre comunicamos, incluso cuando no lo pretendemos. La comunicación lo es todo y escuchar nos hace mejores. Desde esa convicción no me canso de prestar atención a quienes tienen cosas que contar. Gracias por la visita.
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Una respuesta a “¿Por qué el juez no imputa a la infanta?”

  1. Ricardo Lamana dijo:

    Pregunta de difícil respuesta. Conforme van saliendo a la luz hechos y documentos, tal vez procedería el colocar la coletilla “por el momento”.
    Uno no prejuzga nada, pero desde su supina ignorancia e impenitente fe en la justicia quiere creer que si las presunciones alcanzan el nivel de prueba, que si el conocimiento de los hechos por parte de Cristina de Borbón Grecia y su participación necesaria en los negocios de su marido llegan a ponerse de manifiesto de manera significativa, el Juez cumplirá con su obligación.
    Pensar, sospechar incluso otra cosa, sería tanto como cortar de raíz todos los principios en los que se sustenta un Estado Social de Derecho; poco importa que sea una monarquía parlamentaria o una república federal.
    La Ley que a todos ampara ha de ser también igual para todos. No hay, no puede haberlas, personas o instituciones por encima del bien y del mal, aquello de “por la gracia de Dios” hace tiempo que cedió su lugar a “por obra de la decisión de la soberanía popular”, y ésta no es en sí un cheque en blanco ni una carta legitimadora incondicionada. Nadie ha sido “enviado” para salvar o regir a ningún pueblo, sino que es éste quién permite que esas personas puedan representarle simbólicamente, y esto conlleva una trayectoria exquisita como contrapartida a la alta función representada. No se concibe ya -felizmente- una monarquía que pueda tener otro origen ni otra justificación.

    Todo aquel que se muestre indigno de su función, debe ser desposeído de la misma, y tratado como el ciudadano común e igual que es. No hay patentes de corso, ni derechos de pernada; tan sólo la Ley, y ésta debe garantizar la igualdad más allá de cualesquiera otros intereses o consideraciones.
    Nadie puede, moral ni legalmente exigir aquello de lo que él mismo se sustrae, y la honradez siempre ha de ser algo más que una mera palabra. La Monarquía y la Justicia están bajo la lupa; veremos de qué pasta están hechas.

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