“Aplazada la votación de la “Ley Sinde” hasta después del pleno del Congreso”.


Seguramente es fabulación propia pero me temo que la filtración en Wikileaks sobre el interés norteamericano en que España tuviera una legislación contra la piratería ha hecho mucho daño a la aprobación de la llamada “Ley Sinde”. Daños colaterales, dirían ellos.

A nadie le gusta sentirse instrumentalizado, todavía menos si el director de orquesta está al otro lado del charco.

Explicaba la ministra de Cultura que la ley pretendía “preservar la cultura”. Se le olvidó definir que entienden los defensores de esa ley por “cultura” y por “preservar”.

Algunos aseguran que cultura es, por ejemplo, matar toros públicamente, otros consideran que “preservar” es restringir el acceso a la misma. Es lo malo de las palabras que tienen múltiples interpretaciones y cada uno se queda con la que mejor se le acomoda.

La noticia más leída hoy en Europa Press es: “Aplazada la votación de la “Ley Sinde” hasta después del pleno del Congreso”.

La “Ley Sinde” de momento es historia y debemos sentirnos orgullosos de ello tanto por lo que significa como por la manera en que nos hemos sabido poner de acuerdo sociedad y políticos. Escucharnos los unos a los otros y movernos coordinadamente es posible.

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Acerca de Tudi Martín

Siempre comunicamos, incluso cuando no lo pretendemos. La comunicación lo es todo y escuchar nos hace mejores. Desde esa convicción no me canso de prestar atención a quienes tienen cosas que contar. Gracias por la visita.
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2 respuestas a “Aplazada la votación de la “Ley Sinde” hasta después del pleno del Congreso”.

  1. Diana dijo:

    No soy tan optimista; he de decirlo. No creo, a estas alturas y con lo que vamos viviendo, que se haya producido esa sintonía entre la clase política y la opinión pública, que si flagrante es el tema que la Ley Side plantea, no menos lo han sido otras medidas que se han sacado adelante.
    Mucho me extraña que el ejecutivo, tras todas las que ha enredado, sienta pudor por legislar y hacerlo “a presiones del otro lado”, que ha demostrado que las opiniones, las presiones e incluso el sentido común le dejan bastante frío. No se trata, tampoco, de lo impopular que pueda ser la medida, que a los hechos me remito y ha seguido aquello de “mantenella y no enmendalla” en un buen montón de asuntos.
    No creo que sea un armisticio, ni siquiera una tregua. Más parece una pausa para sumar apoyos -y complicidades- que también con vascos y canarios se ha conseguido sacar adelante unos presupuestos y la consiguiente ley de acompañamiento, bastante polémicos.

    El tema repuntará, estoy convencida. Está el precedente francés con las descargas en la red, están las presiones que menciona la entrada de hoy; está, por último, el haberla anunciado y defendido. Volveremos a oír hablar de la Ley Sinde, y tal vez cuando suceda esté todo ya atado y decidido, consensuado y dispuesto para la votación de trámite, la firma y el BOE.
    Me encantaría equivocarme, pero mucho me temo que no será así.

  2. José Luis dijo:

    Lo que viene sucediendo y se refleja en el probable origen de la Ley Sinde abre varios caminos de reflexión. Como bien has apuntado, Tudi, dos de ellos y con trascendencia indiscutible, se centran en qué se entienda por cultura y qué por preservar.
    En este sentido tal vez merezca la pena el establecer los puntos de contacto y las diferencias entre los ámbitos de lo que se considera “bien cultural” y susceptible de ser preservado y lo que es un bien de consumo, aunque su naturaleza tenga relación con la cultura entendida en sentido amplio. Así digno de protección y ser preservado se me antoja el acueducto de Segovia, por poner un ejemplo lapidario. Por el contrario los intereses que gestionan entidades como la SGAE entrarían en el terreno de lo negociable y susceptible de consensuarse.
    Tan inapropiado me parece que no se tengan en cuenta los derechos de los creadores e intérpretes como que se les conceda la desmedida magnitud que a veces alcanzan motivando la creación de un coto cerrado y exclusivo, de acceso limitado por capacidad económica y llamado a engrosar el patrimonio de quienes, después de todo, no hacen sino aportar su trabajo a la sociedad; algo que la práctica totalidad de la ciudadanía viene haciendo sin levantar mayor polémica ni rasgarse en absoluto las vestiduras.

    El papel de la cultura, sin negar lo que tenga de actividad laboral para algunos, trasciende de la mera producción y comercialización, mostrándose en su faceta de derecho irrenunciable de acceso universal; y todo cuanto se oponga a esta concepción prostituye su misma esencia.
    Preservar es conservar… pero no en formol y para estudio y contemplación de unos pocos, sino más bien para garantizar su disfrute por todos y el posible acceso de las generaciones futuras, y ha de hacerse de manera que pueda constituir un patrimonio común y cuanto más universal mejor.
    Desde este punto de vista, reflexionando sobre los conceptos, se llega a la conclusión de que, tal como estaba concebida, la Ley Sinde dista mucho de encontrarse en armonía con lo que resulta deseable y positivo. La Ley se ocupa más de la defensa de intereses particulares, respetables por otra parte, que de garantizar los derechos colectivos de una manera adecuada. Es tratar de poner pegas y peros a lo que, sencillamente, presenta un error conceptual de base.

    Pero siendo importantes estas dos facetas, todavía creo que hay espacio para abrir una tercera. Estamos hablando de una Ley, y de una ley de naturaleza interdictal, con claro espíritu de limitar, recortar y prohibir.
    Las Leyes son, siempre, reflejo de la realidad social del colectivo humano que por un lado las hace nacer y por otro ha de recibirlas. Cada Ley que nace lo hace respecto a un tema que está en el ánimo de la sociedad y que tiene vocación de reglar una situación. Evidentemente las leyes, como toda creación humana, son susceptibles de adecuarse y ser positivas respecto al problema que están llamadas a resolver o, por el contrario, mostrarse como un instrumento meramente formal y que no resolviendo nada puede, en todo caso, complicar más la disfunción que se constata y que supuestamente pretende atajar por vía de solución.
    No creo en las virtudes de esta Ley, y las enmiendas numerosísimas de que ha sido objeto me reafirman en la opinión y también denuncian su poca adecuación a lo que resulta deseable. No pueden, las leyes, utilizarse como varita mágica que venga a resolver problemas por el simple recurso a prohibir, limitar o declarar “fuera de lo permitido” algo que, como en este caso, alcanza unas dimensiones tan significativas y se halla tan extendido. Cuando una conducta se encuentra arraigada y enraizada en los hábitos hasta este grado, y las descargas desde la red lo están, la Ley que nace para proscribirlos no tiene demasiado sentido, para nada responde a ese espíritu de conciencia social sobre lo que sea admisible y lo que no. Lo que tenemos entonces es algo muy distinto: la Ley se convierte en un arma, un recurso del grupo dominante que tiene como misión perpetuar sus privilegios y negar la realidad, imponer un status que no se adecúa ni a la realidad ni a los deseos de la inmensa mayoría de los ciudadanos; lo que en definitiva constituye una perversión del espíritu de las leyes que sólo en la soberanía popular, en la conciencia y decisión de todos, tienen su legitimación y su apoyo.

    No estoy nada seguro del futuro que esta iniciativa concreta, la Ley Sinde, pueda tener. Pero ha quedado claro que si se ha frustrado momentáneamente ha sido al ritmo del juego político y parlamentario, que no es sino a la falta de acuerdo en el compadreo a quién debemos su aplazamiento, quién sabe si desestimiento o renuncia. Para nada ha sido una decisión tomada por pulsar la opinión de la ciudadanía, en absoluto por un juicio razonable y detallado del problema que hizo que naciese como proyecto.

    Entrando por último a retomar lo que siempre debió constituir la clave del asunto, se constata que a despecho del alivio que supone -tal vez sólo momentáneo- el aplazamiento de la votación, lo que en todo caso queda patente es el desencuentro, la falta de sintonía entre lo que siempre debe buscarse al alumbrar una Ley que es la defensa de los intereses comunes, y la utilización que a veces se hace de la misma en defensa de los que son, simplemente, intereses particulares de algunos.
    Hay un problema, es cierto y nadie lo niega… pero es más que discutible el camino adoptado para solucionarlo. Una vez más se manifiesta esa carencia de imaginación y la nula voluntad de concebir la propiedad, que en el fondo es lo que parece que se discute, desde la perspectiva de la función social que la propia Constitución recoge.

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